UNA POLÍTICA PÚBLICA de Relevancia Nacional

El Gobierno Nacional ha diseñado y dado a conocer los lineamientos de política pública para el periodo 2020-2025, con el objetivo de avanzar en un sistema financiero más dinámico, más competitivo y más inclusivo. Para el efecto, se plantearon los siguientes objetivos estratégicos: i) promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión, ii) facilitar y promover la digitalización, iii) consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero, iv) impulsar el acceso universal al sistema de pagos electrónicos y v) fortalecer el marco institucional.

Independientemente a los nuevos retos y exigencias que nos ha obligado a afrontar la pandemia, existen muchas voces coincidentes alrededor de brindar a los consumidores oportunidades adicionales, aprovechando la presencia de nuevos competidores y los avances que la tecnología y la conectividad remota le permite a sectores aún distantes de los beneficios propios de los portafolios ofrecidos por las instituciones financieras.

Con la emergencia nacional se evidenció que muchas de las gestiones bancarias típicamente realizadas de manera presencial, se podían realizar de manera remota, sea por canales telefónicos o virtuales.

En términos generales, el balance ha sido satisfactorio una vez hechos los ajustes y mejoras en las políticas, procedimientos, herramientas y mecanismos de seguridad de la información, capilaridad y sistemas de comunicación e interlocución con los clientes. Ha sido evidente, a la vez, el efecto en la reducción de las oficinas físicas, entendiendo que debido a las resistencias y temores frente al contagio y al incremento de las actividades digitales, se ha generado una disminución de las visitas presenciales en las oficinas.

Ahora bien, no se deben condicionar los procesos remotos al uso de internet o dispositivos electrónicos de alta gama; existen plataformas que dan acceso a servicios financieros sin necesidad de conexión, causando impactos positivos en las brechas sociales que se presentan en el país. En esta medida, todas aquellas aplicaciones que no consumen datos, son desde ya una herramienta potente de inclusión, sobre todo en las áreas rurales en las cuales aún existen problemas serios de conectividad, dada la precariedad del estado de las vías terciarias.

En la línea de fomentar el dinamismo y la competitividad en el sistema financiero, resulta interesante destacar en este espacio, sólo cuatro de los varios aspectos puntuales, que seguro requerirán análisis y desarrollos posteriores que conduzcan a generar mayores niveles de inclusión:

- Dado que la actividad financiera está catalogada constitucionalmente como “de interés público” y solamente puede ser ejercida con autorización estatal, el cambio de política dirigido a que se migre a un sistema de licenciamiento por actividad y no por la naturaleza de la respectiva entidad, es un cambio estructural que requerirá períodos de transición compatibles con los diversos actores. Este elemento permitirá superar los arbitrajes normativos hoy presentes en actividades de alto impacto como la administración de fondos de inversión colectiva.

- La portabilidad como una opción para los consumidores financieros, con el fin de que puedan encontrar mejores oportunidades debido a la competencia que incentiva. Esto redundará en mejores y más efectivos canales de comunicación y de información.

- El mayor rigor en la gestión de los riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Este es un paso obligado en la madurez de nuestro sistema financiero, que conlleva también enormes desafíos en información, concientización y construcción de incentivos en todos los frentes.

- La construcción de un fundamento conceptual que supere las incertidumbres, discusiones y temores en relación con el denominado “detrimento patrimonial” en todos aquellos activos de naturaleza pública. Han sido numerosas las inquietudes que inevitablemente han impactado una adecuada administración y gestión de dichos activos por parte de las instituciones financieras y sus personas naturales vinculadas. Que sea esta la ocasión para superar este temor, sin que ello signifique dejar de castigar las conductas que afecten el patrimonio público.

- Un fortalecimiento de la institución de la Autorregulación, dados los efectos positivos que ha tenido en la última década y el resultado de la gestión desde el punto de vista disciplinario, de supervisión y de certificación.

Serán interesantes los avances concretos en la expedición de las normas legales que se precisen para hacer realidad esa Política Pública, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará al Congreso de la República un proyecto de ley del Sistema de Pagos y del Mercado de Capitales. En el mismo sentido, se requerirá un esfuerzo normativo a nivel de Decretos Reglamentarios e instrucciones por intermedio de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera y de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Bienvenida entonces esta formulación de política, que se nutre entre otros, del resultado de la Misión del Mercado de Capitales y que redunde en beneficio de la ruta de competitividad, inclusión e innovación que ha venido transitando nuestro Sistema Financiero.

Escrito por: Luis Fernando Cruz Araújo Socio CUBICUM