Preocupación en la Banca Peruana por dictamen aprobado en la Comisión Económica del Congreso

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  • La Comisión de Economía del Congreso del Perú  aprobó el pasado 8 de julio,  un dictamen que reúne un paquete de medidas financieras  para hacer frente a la crisis generada por la Pandemia, las cuales no fueron sometidas a debate, frente a los cual, Asbanc, la Asociación de Bancos del Péru,  considera que se trató de un dictamen con graves problemas técnicos.
  • En opinión de Asbanc, la iniciativa aprobada es inconstitucional, genera serias inequidades, no focaliza adecuadamente su impacto y afecta la seguridad de millones de ahorristas.
  • El gremio manifiesta su preocupación por la forma en que el Congreso está creando fuentes de incertidumbre para el sector financiero sin mayor deliberación, ni atendiendo a los argumentos técnicos del MEF, BCR, SBS, gremios del sector y los principales expertos independientes.

La Asociación de Bancos del Perú, Asbanc  manifestó su gran preocupación,  tanto por el contenido del dictamen aprobado el pasado 8 de julio, por la Comisión de Economía del Congreso del pais, como  por la forma en que se realizó su votación, teniendo en cuenta que la misma se produjo sin antes haberse dado ningún tipo de debate dentro del grupo de trabajo, en un tema que genera afectación al Sistema Financiero Peruano y según su análisis  tiene fallas técnicas y de comprensión de las realidades del ecosistema bancario.

"El dictamen de la Comisión de Economía del Congreso crea una serie de inequidades y riesgos, por lo que ha debido ser debatido con mayor tiempo para el análisis y la deliberación, atendiendo a las múltiples observaciones económicas y legales formuladas por el MEF, el BCR, la SBS, los gremios del sector privado y los principales expertos independientes. El proceso para tomar decisiones que pueden afectar el futuro de los peruanos en los próximos años requiere, sin duda, de mayor reflexión", expresó Martín Naranjo, presidente de Asbanc. 

El dictamen aprobado por  la Comisión de Economía, interviene en las condiciones, cargos e intereses de las reprogramaciones de créditos que el sistema financiero está efectuando con gran alcance desde el inicio de la crisis sanitaria.   Una de las preocupaciones de Asbanc, es que además, discrimina a los clientes de diferentes tipos de entidades financieras, de forma arbitraria e inequitativa. 

Para Asbanc,  la Comisión de Economía desconoce la importancia y la criticidad que se deriva de la micro-segmentación en el analisis de riesgo crediticio y  prenta las alarmas sobre los criterios de focalización del proyecto, los que encuentra demasiado amplios.  Por ejemplo, en el caso de personas naturales, el criterio es tener ingresos mensuales de hasta 2,5 UIT o S/10.750, una condición en la que se encuentra, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, más del 95% de la población económicamente activa del país. Según lo explica Asbanc, la verificación de este requisito creará engorrosos procesos adicionales para los clientes y las entidades financieras. 

Por su parte, el dictamen tampoco considera si las personas naturales o jurídicas, a quienes se aplicarían sus efectos, han sufrido realmente algún perjuicio económico durante la emergencia sanitaria o incluso ya han accedido a reprogramaciones.

Sin duda toda situación que genere alivios masivos  encierra grave riesgos financieros para todo el sistema.  Es claro que una de las premisas de la gestión juciosa del Riesgo de Crédito parte de un análisis técnico personalizado que permita la viabilidad de los deudores del sistema, aliviando su carga de deuda actual, pero sin que ello constituya un perjuicio para el mismo deudor, teniendo en cuenta que tanto un nuevo crédito como una reporgramación innecesaria en vez de aliviar, perjudica.

Según lo expone Asbanc, todo esto complicaría innecesariamente el masivo proceso de reprogramaciones voluntarias que ya está en marcha. Solo entre las entidades asociadas a Asbanc se han reprogramado voluntariamente  más de 6 millones de prestamos, de los cuales 4 millones corresponden a  créditos de consumo, 1.8 millones a créditos MYPE,  y  más de 95 mil Hipotecas.  Los créditos reprogramados  equivalen a más de 105 mil millones de soles al 31 de julio  de 2020, lo cual representa el 31% de la cartera total y el 14% del PIB.

Además, las disposiciones de este dictamen vulneran varios principios consagrados en la Constitución, como la libertad de contratación entre privados, la no discriminación y los fueros de entidades constitucionalmente autónomas. 
Finalmente explica la presidencia de Asbanc, que el proyecto afecta sensiblemente las fuentes de ingresos de las entidades financieras, las cuales sustentan el pago de intereses a millones de ahorristas que han depositado su confianza en un sistema regulado por instituciones especializadas de gran prestigio, como la SBS y el BCR. De hecho, como han advertido estas entidades y otros expertos independientes, este tipo de iniciativas crea un gran riesgo de contracción del crédito que limitaría seriamente las posibilidades de reactivación económica del país.  

"Desde Asbanc, siempre hemos promovido el diálogo con las autoridades en las distintas instancias y poderes del Estado para encontrar soluciones a la difícil situación sanitaria, económica y social del país. El Perú tiene que trabajar unido para superar esta crisis. Lo último que necesita nuestro país es sumar riesgos innecesarios en el frente financiero a la delicada situación actual", expresó  Martín Naranjo.

En varios de sus comunicados , la Asociación de Bancos del Perú ya venía alertando  sobre esta situación: "estamos trabajando en ayudar a aquellos clientes que hoy tienen dificultades para pagar sus deudas. En este contexto, focalizamos los recursos bajo el principio de ayudar a quienes realmente lo necesitan, sin arriesgar la liquidez y la solvencia patrimonial que garantiza que los ahorros se encuentren disponibles y seguros.  En este contexto, nos preocupa que el Congreso convierta en ley el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor que otorgaría un periodo de gracia obligatorio de 90 días para el pago de deudas con bancos y financieras".

Es así como por jemplo, en comunicado de fecha junio 30, Asbanc  advertía de los riesgos de continuar en este camino:

"Sin duda, se trata de una iniciativa motivada por un genuino deseo de ayudar a los peruanos. No obstante, presenta los siguientes problemas:

  • Riesgo para el crédito: Al perder ingresos, las entidades financieras reducirían la disponibilidad de créditos necesarios para reactivar la economía. Esto afectaría también la cadena de pagos.
  • Inequidad: De convertirse en ley, el dictamen permitiría que gente que no necesita ayuda deje de pagar sus deudas, pues beneficiaría a personas con ingresos de primera, segunda, tercera o cuarta categoría que mantienen su capacidad de pago. Así, por ejemplo, un independiente, con ingresos por rentas o dividendos, dejaría de pagar las cuotas del crédito de un auto de lujo.
  • Discriminación: El dictamen pretende beneficiar a deudores de bancos y financieras, pero excluye a los cientos de miles de clientes de las Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes, quienes son los más afectados por la actual crisis.
  • Falta de análisis de costos y beneficios: El BCR, la SBS y el MEF han presentado técnicamente los riesgos de este dictamen, pero sus argumentos no fueron tomados en cuenta.
  • Inconstitucionalidad: Esta eventual ley discriminaría entre deudores, discriminaría entre tipos de entidades financieras, intervendría contratos privados y desconocería las atribuciones del BCR, violando así los artículos 2, inciso 2; 62; 84; y 103 de la Constitución.

 

Por el impacto del Congelamiento masivo de deudas la economía podría caer entre el 30% y el 40%

En el debate sobre el congelamiento de deudas bancarias se da desde dos frentes: La Comisión de Defensa del Consumidor del Perú que establece un periodo de gracia de 90 días calendario que comprende el no pago de intereses compensatorios y que el saldo de la deuda sea refinanciada entre cinco años a más. Por su parte, la Comisión de Economía  propone no generar cargos adicionales a los usuarios, es decir no cobrar intereses,  que no hayan pagado las cuotas de sus deudas durante los meses en emergencia o 90 días tras la entrada en vigencia de la norma. Además, excluye a las microfinancieras.  El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se une a las voces de preocupación sobre estas medidas advirtiendo que, con estas iniciativas, la economía del Perú, podría caer entre el 30% y 40%.

Martín Naranjo, presidente de Asbanc, no se explica, por qué , en la peor crisis sanitaria, en lugar de ayudar a los más vulnerables y afectados, el pais, ¿va a usar recursos escasos para congelar las obligaciones de los que no han sido afectados?:  "El dictamen de la Codeco excluye a los trabajadores dependientes activos: Para la Codeco un médico, un enfermero, o un profesor, no califican. Pero un rentista, un inversionista, o cualquier profesional independiente: abogado, contador, etc. de altos ingresos, si califican.  El dictamen de la comisión de economía incluye a los que ganan hasta S/10,750 o venden hasta S/129,00: es decir, incluye la deuda por un carro o un viaje de quien gana más de S/10,000. Pero excluye la deuda de capital de trabajo de un comerciante que es cliente de una microfinanciera excluida.  No. No es de ninguna manera justificable, bajo ningún concepto, congelar legalmente las obligaciones de los que teniendo ingresos elevados los han visto reducidos nula o mínimamente. La objeción no es a ayudar a los que mas necesitan. De hecho se están haciendo los mayores esfuerzos por ayudar a este grupo. La objeción es a leyes en donde no hay focalización en los mas vulnerables y afectados".

Por su parte,  Waldo Mendoza, reputado economista peruano, Profesor del Departamento de Economía de la PUCPEl, se una a las voces de asombro e indignación por tan descabelladas propuestas: "El poder legislativo no parece entender cómo opera Reactiva perú, ni que estamos en la peor crisis económica desde la guerra con Chile"  .... "Las propuestas son pésimas. Primero, porque ya se practicaron en el Perú, en los ochenta, con resultados calamitosos. Segundo, no existe ningún ejemplo en el mundo de que hayan funcionado bien. Tercero, no hay un solo economista que haya podido defenderlas razonablemente".

Otro de los proyectos que ha levantado criticas desde  múltiples sectores, por su corte populista, y que será retomado en la agenda del Congreso esta semana, es el de habilitar el retiro de fondos del sistema público de pensiones, sobre el que tres las comisiones, han presentado dictámenes.

Según los analistas, el Retiro de fondos de la ONP, podría tener un posible impacto: S/ 9.800 millones de soles del Tesoro Público, equivalente a unos USD$ 2,743 millones de dolares. 

La Comisión de Economía plantea que los exaportantes mayores de 55 años puedan solicitar el retiro del 100% de sus fondos acumulados, siempre que no cuenten con 20 años de aportación. A los aportantes activos se autoriza el retiro extraordinario de 1 UIT (S/ 4.300). Esto último también es planteado por la Comisión de Defensa del Consumidor, pero habilita el retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses. En tanto, la Comisión de Presupuesto aprobó que los afiliados menores de 55 años soliciten su retiro de aportes a la ONP, pero solo hasta por S/ 4.300 soles.

Estimaciones técnicas del Ministerio de Economía arrojan que implementar las medidas dadas por el gobierno implicarían transferir del tesoro público a la ONP unos S/9.800 millones. Esto representa una iniciativa de gasto que no le está permitida al Congreso, según lo establecido en la Constitución. Además, el Ministerio de Economía ha reiterado que, a diferencia de las AFP, en la ONP no hay cuentas individuales.

Retiro del 100% de las AFP. Posible impacto: sin fondos de jubilación

Es claro que los parlamentarios del Perú no  ven  suficiente aprobar el retiro del 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen para que, de forma voluntaria, los afiliados puedan retirar el 100% del total de sus fondos acumulados cuando no registren aportaciones ni retención por más de 12 meses consecutivos.

Para Alfredo Thorne, Exministro de Economía,  Proyectos de ley como los que aquí se resumen nos podrían llevar a la situación económica que teníamos en los 80: "En economía conocemos las reformas que funcionan y las que nos llevan al precipicio financiero como nos pasó en los años 80. La responsabilidad de hacer notar a nuestros congresistas que están mal encaminados es compartida. Hemos llegado a la pandemia mal preparados, pero no por ello debemos de socavar lo poco que funciona". 

Diego Macera, Gerente general del Instituto Peruano de Economía manifesto:  "ambos carecen de sustento técnico. El de devolución de fondos de la ONP, como ha explicado ya el MEF, es un sinsentido porque en un sistema de reparto no hay fondos que devolver. Todo se usa cada mes en pagar a los pensionistas -y aun así no alcanza-. En la medida en que los recursos tengan entonces que venir del Tesoro Público, la ley sería además una iniciativa de gasto y por tanto inconstitucional. El de retiro de fondo de las AFP va en contra de la esencia del sistema de proveer pensiones para la vejez. En la práctica, se estaría convirtiendo el fondo de jubilación en un fondo para el desempleo en espíritu similar a la CTS".