1 de cada 5 pesos prestados por la banca es destinado a financiamiento sostenible

• Las entidades afiliadas a Asobancaria han colocado $134 billones a través de productos verdes y sociales.
Equidad, Sostenibilidad y Transformación, son los tres pilares que dan nombre al FEST, el Congreso de Finanzas para la Equidad, Sostenibilidad y Transformación que organiza, con gran éxito, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, (Asobancaria), cada año y que comenzó hoy, 4 de septiembre en Bogotá, en el Salón Dorado Ballroom del Hotel Grand Hyatt.
Durante todo el desarrollo de la agenda académica queda claro, que él sector financiero se está reposicionando activamente no solo como un motor de crecimiento económico, sino como un agente catalizador de justicia social y ambiental, aunque con desafíos importantes, como el desbalance en la financiación verde y los riesgos macroeconómicos pendientes. Las finanzas, en esta nueva perspectiva, no solo buscan la prosperidad económica, sino que se convierten en una herramienta para la justicia social y la protección ambiental.
Durante la instalación de, esta, la séptima edición del evento, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, destacó los principales avances del sector financiero, llamando la atención sobre el retroceso a nivel internacional en materia de sostenibilidad.
El líder gremial resaltó algunas medidas que han impactado la agenda global en ese frente, como la nueva salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la flexibilización de la regulación sostenible en Europa y la derogación del plan para establecer una taxonomía verde en el Reino Unido.
Esto se ha reflejado, según Malagón, en una reducción del 40% en los activos totales de la Net-Zero Banking Alliance (más de 27 billones de dólares), lo que en la práctica implica la salida de importantes instituciones financieras de Norteamérica y Europa.
A pesar del complejo panorama global, recalcó que a nivel local se ha avanzado positivamente, pues el sector bancario ha diseñado estrategias que orientan los esfuerzos de la industria hacia la sostenibilidad.
Mencionó que la banca colombiana cuenta con un Protocolo Verde desde hace más de una década y que, en 2022, se conformó la Junta Estratégica de Sostenibilidad, integrada por los presidentes de las entidades agremiadas en Asobancaria, la cual hace seguimiento a la agenda sostenible del sector. Además, destacó que el año pasado las entidades afiliadas firmaron el Protocolo Social, el primero de este tipo en la región.
El dirigente gremial resaltó igualmente que los bancos han reducido sustancialmente la brecha de acceso a productos financieros para la población migrante, en 30 puntos porcentuales, al pasar de un 49% a un 19% de migrantes adultos por bancarizar. También mencionó que el sector financiero se ha unido en torno a la educación y el bienestar económico, creando la Fundación Ábacos, cuya misión es empoderar a los ciudadanos mediante el desarrollo de sus capacidades financieras.
Colombia enfrenta un desafío estructural: baja liquidez y escasa profundidad crediticia
El Superintendente Financiero (SFC), profesor César Ferrari, presentó una visión integral sobre el rol de las finanzas para la equidad y la sostenibilidad.
Como es usual en sus presentaciones, el SFC, comenzó resaltando la baja disponibilidad de recursos con que cuenta el sistema financiero en Colombia y su falta de profundidad.
Según cifras recientes del Banco Mundial, la liquidez del sistema económico colombiano representa apenas el 49.4% del PIB (junio de 2025), una proporción significativamente inferior a la de economías más desarrolladas. Esta limitada disponibilidad de recursos líquidos tiene consecuencias directas sobre la profundidad del sistema crediticio, restringiendo el acceso al financiamiento formal y limitando el desarrollo de instrumentos que impulsen la productividad y el consumo.
La baja liquidez no solo afecta la capacidad de otorgar crédito, sino que también perpetúa la desigualdad estructural. Con un coeficiente de GINI de 0.55 en 2024, Colombia se mantiene entre los países más desiguales del mundo. Esta cifra refleja una concentración de ingresos alarmante, donde el 62.3% de la población se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad económica.
Para los líderes del sistema financiero, este panorama exige una respuesta estratégica: fortalecer los canales de intermediación, ampliar la base de ahorro formal, y diseñar productos crediticios adaptados a las realidades de los segmentos excluidos. La inclusión financiera no puede ser una meta periférica; debe convertirse en el eje central de la política económica y bancaria si Colombia aspira a construir un modelo de desarrollo más equitativo y resiliente.
Según el SFC, la inequidad en el acceso al sistema financiero sigue siendo una barrera estructural que limita el desarrollo económico inclusivo en América Latina.
Factores culturales como la autoexclusión y la baja educación financiera, junto con desigualdades patrimoniales que condicionan los niveles educativos y de ingreso, perpetúan un ciclo de exclusión. A esto se suma la concentración del mercado y la asimetría de información, que restringen la competencia y dificultan la toma de decisiones informadas por parte del consumidor. Los elevados costos financieros, exacerbados por tasas de política monetaria altas, desincentivan el uso del sistema formal, especialmente entre los sectores informales. En zonas rurales, los costos operativos y la falta de infraestructura agravan la brecha, mientras que la ausencia de conectividad universal impide que millones accedan a servicios digitales básicos. En este contexto, urge una transformación sistémica que combine innovación tecnológica, regulación inclusiva y educación financiera masiva para cerrar las brechas y democratizar el acceso al capital.
Reducir la inequidad financiera en Colombia: hoja de ruta estratégica desde la Superfinanciera
En un contexto marcado por profundas brechas socioeconómicas, la Superintendencia Financiera de Colombia ha delineado una estrategia integral para enfrentar la inequidad estructural que limita el acceso equitativo al sistema financiero. Dirigida a líderes del sector bancario, esta hoja de ruta propone una transformación sistémica que exige visión, innovación y compromiso institucional.
Uno de los pilares clave es el fortalecimiento del rol tributario como mecanismo de redistribución. Mientras economías como Dinamarca logran reducir su coeficiente de GINI de 0.48 a 0.29 tras impuestos (2022), Colombia apenas logra una variación marginal: de 0.543 a 0.505 (2023). Esta brecha evidencia la necesidad de una reforma fiscal más progresiva que complemente los esfuerzos del sistema financiero en inclusión.
La estrategia también contempla el aumento de la liquidez como catalizador de acceso, especialmente en segmentos vulnerables. En paralelo, se impulsa una mayor competencia mediante esquemas de datos abiertos, que promueven transparencia, innovación y eficiencia en la oferta de productos financieros. Este enfoque busca desmantelar las asimetrías de información que históricamente han favorecido la concentración del mercado.
La educación financiera se posiciona como eje transversal, no solo para empoderar al consumidor, sino para construir una ciudadanía económica más activa y resiliente. En este sentido, se promueve la creación de productos no tradicionales, donde el crédito se canaliza en forma de bienes productivos —como maquinaria o insumos— en lugar de dinero líquido, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento y fortaleciendo capacidades productivas.
Para los directivos del sector bancario, este llamado representa una oportunidad estratégica: liderar una nueva era de inclusión financiera sostenible, donde la rentabilidad y el impacto social converjan. La inequidad no se resuelve con buenas intenciones, sino con modelos de negocio audaces, regulaciones inteligentes y una visión compartida de país.
Cambio climático y riesgos sistémicos: el llamado urgente del Superfinanciero a los líderes del sector financiero
Durante su intervención, el Superintendente Financiero de Colombia lanzó una advertencia clara y contundente: el cambio climático no es una posibilidad futura, sino una amenaza presente para la existencia humana y la estabilidad económica global. En línea con el Acuerdo de París, que establece como meta no superar el aumento de 1.5 °C en la temperatura global para 2030, el Superfinanciero subrayó que las anomalías registradas en julio en la temperatura media de la tierra y los océanos son evidencia de que el tiempo para actuar se agota.
El mensaje no fue meramente ambientalista, sino estratégico: los riesgos climáticos están escalando en relevancia dentro de los escenarios de riesgo financiero. Según el Global Risks Perception Survey 2023–2024 del Foro Económico Mundial, los diez riesgos con mayor probabilidad de materialización en los próximos diez años incluyen eventos climáticos extremos, cambios críticos en sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos naturales, desinformación, impactos negativos de tecnologías de inteligencia artificial, migración involuntaria, inseguridad cibernética, polarización social y contaminación.
Para los actores del sistema financiero, este diagnóstico exige una reconfiguración profunda de los modelos de negocio, las matrices de riesgo y las estrategias de sostenibilidad. La resiliencia climática ya no es una opción reputacional, sino un imperativo fiduciario. El sector debe liderar la transición hacia una economía baja en carbono, financiar soluciones verdes, y adoptar métricas ESG que reflejen la nueva realidad planetaria. Como lo expresó el Superfinanciero, “la sostenibilidad no es un apéndice del sistema financiero: es su columna vertebral en el siglo XXI”.
El llamado del Superfinanciero: hacia una banca responsable con impacto sistémico
Durante su intervención, el Superintendente Financiero de Colombia subrayó el papel determinante que juega el sistema financiero en la configuración del modelo económico y social del país. “La banca no solo financia actividades: define el rumbo del desarrollo”, afirmó, al destacar que el impacto del sector trasciende lo meramente transaccional y se convierte en un motor estructural de transformación.
En este contexto, el Superfinanciero trazó una línea clara entre la banca tradicional —centrada exclusivamente en la rentabilidad para los accionistas— y la banca responsable, que redefine el concepto de utilidad bajo una lógica de valor compartido. Esta nueva visión incorpora no solo a los accionistas, sino también a los consumidores financieros, los trabajadores del sistema y el medio ambiente como partes interesadas legítimas en la ecuación de beneficio.
Uno de los puntos más innovadores del planteamiento fue la necesidad de aplicar una valoración adecuada de bienes y servicios mediante precios sombra, una herramienta que permite incorporar externalidades sociales y ambientales en la toma de decisiones financieras. Esta metodología, aún incipiente en América Latina, busca que el sistema financiero reconozca el verdadero costo —y valor— de las actividades que financia, desde el impacto ambiental de un proyecto hasta su contribución al bienestar colectivo.
Para los líderes del sector bancario, este enfoque representa una oportunidad estratégica para reposicionar sus instituciones como agentes de cambio, capaces de generar rentabilidad sostenible y legitimidad social. La banca responsable no es una tendencia: es el nuevo estándar. Y quienes lo adopten con visión y rigor estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Colombia avanza en regulación climática y ASG: el sistema financiero como catalizador de sostenibilidad
En un contexto global marcado por la urgencia climática y la presión por modelos económicos más sostenibles, Colombia ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco normativo robusto en materia de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). La Superintendencia Financiera lidera este proceso con una serie de circulares externas que buscan alinear al sistema financiero con los estándares internacionales de divulgación, inversión responsable y supervisión prudencial.
La Circular Externa 31 de 2021 establece directrices claras para la divulgación de factores ASG por parte de emisores, promoviendo comparabilidad, relevancia y calidad en la información reportada. Este avance normativo permite a inversionistas y stakeholders tomar decisiones más informadas y alineadas con criterios de sostenibilidad.
En materia de inversión, las circulares CE 07 y CE 08 de 2021, junto con la reciente CE 05 de 2024, integran los factores ASG en el régimen de inversión de fondos, fortaleciendo los mecanismos de revelación de información y fomentando una cultura de inversión responsable. A esto se suman las CE 08 y CE 20 de 2022, que regulan la emisión de bonos temáticos —verdes, sociales y sostenibles— y la deuda vinculada al desempeño sostenible, consolidando instrumentos financieros que canalizan recursos hacia proyectos con impacto positivo.
Uno de los hitos más relevantes es la adopción de la Taxonomía Verde de Colombia, una herramienta que permite clasificar actividades económicas según su contribución ambiental, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la movilización de capital hacia sectores clave para la transición ecológica.
Finalmente, el marco SARAS (Sistema de Administración del Riesgo de ASG) establece que la gestión de estos factores debe ser reconocida y aplicada por la Junta Directiva y la alta gerencia, incorporada en la estrategia corporativa, integrada en la gestión de riesgos, y respaldada por métricas y objetivos medibles. Este enfoque refuerza la idea de que la sostenibilidad no es un apéndice operativo, sino un componente central de la gobernanza financiera moderna.
Para los líderes del sector bancario, estos avances representan una oportunidad estratégica para posicionarse como actores clave en la transformación sostenible del país, combinando rentabilidad con responsabilidad y resiliencia.
Colombia y el efectivo: una paradoja en la era digital
A pesar del avance acelerado hacia la digitalización financiera, Colombia mantiene una fuerte dependencia del efectivo como medio de pago. Según datos recientes de junio de 2025, el 79% de las transacciones habituales en el país aún se realizan en efectivo, una cifra que contrasta drásticamente con economías como Brasil (5.2%), China (4.0%) e Inglaterra (3.0%), donde el uso de dinero físico ha sido ampliamente desplazado por soluciones digitales.
Las razones detrás de esta preferencia son múltiples y reveladoras. Un 17.4% de los colombianos considera que pagar en efectivo es más fácil y rápido, mientras que un 15.5% lo hace por costumbre. El bajo monto de las compras (11.3%), la reutilización inmediata del cambio recibido (10.7%) y la percepción de que es más barato (8.1%) también figuran entre los motivos más frecuentes. Además, un 6.3% reconoce no tener acceso a cuentas bancarias o tarjetas, y un preocupante 30.7% se agrupa en la categoría “otros”, que incluye factores como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y actividades informales o ilegales.
El efectivo representa el 15.3% de los medios de pago (M2) en Colombia, lo que evidencia una brecha estructural en la inclusión financiera.
Para el sistema bancario colombiano, este fenómeno plantea un desafío estratégico: ¿cómo acelerar la adopción de pagos digitales sin ignorar las realidades culturales, económicas y de infraestructura que sostienen el uso del efectivo? La respuesta exige una combinación de innovación tecnológica, educación financiera, expansión de servicios en zonas rurales y una revisión crítica de los costos asociados al sistema formal. En la era digital, el efectivo sigue siendo rey, pero su reinado podría estar llegando a su fin si el sistema financiero logra construir una alternativa verdaderamente inclusiva.
los cinco proyectos estratégicos impulsados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) representan una hoja de ruta transformadora para el sistema financiero nacional. La iniciativa de Finanzas Abiertas busca democratizar el acceso a datos financieros mediante interoperabilidad digital, promoviendo la competencia y la inclusión. La Optimización Normativa pretende reducir la carga regulatoria y adaptar el marco legal a los desafíos de la innovación financiera. A través de la Matriz de Riesgos, la SFC fortalece su capacidad de identificar y mitigar riesgos emergentes, como los asociados a la ciberseguridad y la sostenibilidad. La Supervisión Digital introduce herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y precisión del monitoreo financiero. Finalmente, la Modernización Institucional de la SFC apunta a consolidar una entidad más ágil, técnica y centrada en el ciudadano. En conjunto, estos proyectos no solo responden a las limitaciones estructurales del sistema, sino que también trazan un camino hacia una mayor resiliencia, equidad e innovación financiera.
Sostenibilidad y el Desafío de las Finanzas Verdes
El congreso ha dedicado un panel a "Revolucionando las finanzas combinadas de la naturaleza," una temática que va más allá de la financiación climática tradicional.
En el Panel participaron Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); Estella Nucci, especialista global en biodiversidad en IFC; Marcela Villegas, vicepresidente de riesgos y cumplimiento del Banco de Bogotá; Francisco Lozano, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN); Jorge Tabares, vicepresidente financiero del Grupo Energía Bogotá; Luis Gutiérrez, vicepresidente financiero de Seguros SURA Colombia y actuó como Moder: Ulrich Höcker, director residente de GIZ Colombia.
El panel desatacó la necesidad de movilizar capital hacia subsectores específicos y críticos como la biodiversidad y la adaptación, donde los retos son significativamente mayores.
Las cifras del gremio revelan un desafío crítico en la financiación verde. Según Asobancaria, la "cartera verde" en 2024 alcanzó los $29.3 billones de pesos, un avance notable en la movilización de capital. Sin embargo, de ese total, solo $4.2 billones (el 14.3%) se orientaron a proyectos de biodiversidad y adaptación. Este desequilibrio en la asignación de capital es un punto de atención que el congreso busca abordar. Una de las razones detrás de este fenómeno podría ser la falta de un marco regulatorio claro, la ausencia de metodologías de medición robustas o la carencia de proyectos de inversión atractivos en esos subsectores.
La banca colombiana reconoce la necesidad de crear los mecanismos de mercado necesarios para corregir este desbalance.
A pesar de este desafío, el sector ha demostrado avances en la gestión de riesgos ambientales y sociales (ASG).
Economía Plateada: oportunidades y retos de la longevidad
La economía plateada representa una de las transformaciones demográficas y económicas más significativas del siglo XXI, por lo que no podía faltar un panel para abordar este desafío.
En el panel participaron, Luis Carlos Venegas Sanabria, líder del Instituto de Envejecimiento de la red hospitalaria Méderi; Bernardo Asuaje Rosenblatt, co founder & managing partner del Grupo Attia; María Alexandra Cadena, emprendedora de servicios plateados; Álvaro Andrés De la Rosa, vicepresidente de asuntos corporativos y sostenibilidad en Banco Popular y Héctor Chaves, presidente de Ban100 y actuó como Modera: Paola Arias, directora de la Banca de las Oportunidades.
En Colombia, el envejecimiento poblacional avanza con rapidez: la tasa de natalidad ha disminuido drásticamente desde la pandemia, mientras que el número de personas mayores de 60 años crece sostenidamente. Este fenómeno plantea retos estructurales, pero también abre oportunidades para rediseñar el modelo económico con enfoque inclusivo, sostenible y adaptado a las nuevas realidades sociales.
Entre los principales desafíos se encuentran la presión sobre los sistemas de pensiones y salud, la escasez de mano de obra joven, y la necesidad de adaptar el mercado laboral para incluir activamente a los adultos mayores. Aunque existe la Ley 2040 de 2020, que promueve su empleabilidad, solo el 12.5% de las empresas colombianas conocen los beneficios tributarios asociados. Esto evidencia una brecha entre la normativa y su implementación efectiva.
Sin embargo, la economía plateada también ofrece un campo fértil para la innovación. Sectores como el turismo gerontológico, la tecnología asistida, la vivienda adaptada, los servicios financieros personalizados y la educación continua pueden convertirse en motores de crecimiento. Iniciativas como las del Banco Popular, que ha comenzado a diseñar productos financieros específicos para este segmento, marcan un hito en la adaptación del sistema financiero colombiano.
Aprovechar el potencial de la longevidad requiere una visión estratégica que articule políticas públicas, inversión privada y conciencia social. La economía plateada no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para construir sociedades más equitativas, resilientes y preparadas para el futuro.
Aprovechar el potencial de la longevidad requiere una visión estratégica que articule políticas públicas, inversión privada y conciencia social. La economía plateada no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para construir sociedades más equitativas, resilientes y preparadas para el futuro.
NOTA: Fotos cortesia de Asobancaria