Una reflexión para el sector cooperativo - Cuando servir se confunde con influir y se vuelve militancia

El alto riesgo de politizar la confianza

- Neutralidad como pilar de la confianza: una reflexión sobre el deber ético del sector cooperativo frente al actuar político -

Betriz Alexandra Villa – Directora Ciclo de Riesgo LATAM

Hay momentos en la historia de los sectores económicos en los que es necesario detenerse, respirar hondo y mirar con honestidad lo que está ocurriendo. No para señalar culpables, no para perseguir instituciones, sino para recordar —con serenidad y firmeza— los principios que sostienen la confianza pública. Hoy, en el sector cooperativo colombiano, estamos precisamente en uno de esos momentos.

Desde hace varios meses vienen surgiendo inquietudes legítimas: algunas cooperativas han entrado en la arena política, han tomado partido explícito y han orientado a sus asociados hacia determinados candidatos, especialmente en zonas rurales.

Aunque estos casos siguen siendo marginales, el solo hecho de que existan, obliga a una reflexión profunda y más en momento como este de alta polarización.

Vale la pena subrayar que estos casos no representan el comportamiento general del sector cooperativo colombiano, históricamente caracterizado por su prudencia, vocación social y responsabilidad institucional.

No porque el sector cooperativo sea débil —al contrario, es uno de los patrimonios sociales más sólidos del país— sino porque su fortaleza depende, precisamente, de aquello que ahora se ve amenazado: la neutralidad, la confianza y la gobernanza democrática.

La imparcialidad no es cobardía. Es el atributo más alto de una institución que aspira a perdurar.

La esencia del modelo: servir, no influir

Las cooperativas nacieron bajo el principio fundacional de la  - adhesión voluntaria y abierta-, sin discriminación por posición política, religión o ideología. Son propiedad de sus asociados, no de sus gerentes ni de sus consejos de administración de turno. Su razón de ser es servir a sus miembros, no condicionar su criterio ni dirigir su conciencia.

Cuando una cooperativa o una entidad financiera decide alinearse abiertamente con un candidato, un partido o una administración, incurre en una doble fractura:

- Fractura interna, porque vulnera la diversidad de pensamiento de sus propios afiliados. No todos piensan igual. No todos comparten la misma visión política. Convertir la asamblea o los canales institucionales, o las jornadas de formación en tribuna electoral es, en el fondo, una forma sutil de discriminación por posición política. Y los principios cooperativos son claros: la adhesión es voluntaria, pero el respeto, la independencia y la legitimidad son transversales.

 Puede generar riesgos reputacionales, regulatorios y operativos y además puede ser interpretado como presión indebida sobre empleados.

- Fractura externa: erosiona la confianza pública, ese activo intangible pero invaluable que sostiene al sistema financiero y solidario. Los ahorradores y usuarios no depositan su dinero en una entidad porque les guste su ideología; lo depositan porque confían en su estabilidad, solvencia, neutralidad y vocación de servicio. Cuando esa confianza se politiza, el riesgo reputacional se vuelve sistémico.

Gobernanza, estabilidad y el interés público

Experiencias en otros países vecinos han demostrado que la politización de entidades financieras o solidarias incrementa la volatilidad reputacional y acelera la pérdida de confianza, incluso en instituciones con fundamentos sólidos.

La Superintendencia de Economía Solidaria y la Superintendencia Financiera no vigilan solo balances y ratios. Vigilan el cumplimiento de un mandato superior: preservar la estabilidad del sistema y la confianza de la ciudadanía. En un país donde la inclusión financiera sigue siendo un reto estratégico, las entidades del sector solidario y financiero tienen un rol de interés público. Ese rol exige una mirada técnica, transparente y neutral.

Una gerencia o un consejo o un área de capacitación o el área de comunicaciones, que utiliza la entidad para proyectar su propia ideología, está rompiendo el mandato democrático de los asociados. La cooperativa no es una extensión del gerente de turno. Es un patrimonio colectivo que debe reflejar los principios cooperativos de democracia, equidad y solidaridad, no la visión particular de quien ostenta el cargo en un momento determinado, así haya estado al frente por décadas. 

Tomar posición partidista no solo genera riesgos operativos y reputacionales. Genera un riesgo de captura: el día que cambie la administración, la entidad quedará marcada. Y la confianza, una vez rota, se recupera con mucha mayor dificultad que cualquier cartera morosa. Y lo peor, falta al primer principio de la convivencia: el respeto por el otro.

Cuando una cooperativa toma partido:  vulnera la libertad de conciencia; discrimina implícitamente a quienes piensan distinto; erosiona la democracia interna; y rompe el pacto de igualdad que la sostiene.

La pluralidad política no es un problema: es una riqueza. Lo que sí es un problema es que una institución creada para unir termine dividiendo.

 

La mirada técnica como imperativo ético

El sector financiero y cooperativo tiene todo el derecho —y la obligación— de participar en el debate público. Pero debe hacerlo desde su expertise y con total vigor: defendiendo políticas que fortalezcan la inclusión financiera, la dinamización del crédito y el ahorro, la Inclusión financiera, la Regulación del sector solidario cuando la esté ahogando, la normativa de Riesgo y provisiones,  el desarrollo rural o comunitario,  la protección al consumidor y la estabilidad macroeconómica, y en todo momento exigiendo una cancha equilibrada, con las mismas oportunidades y en general en todo tema técnico, de competitividad o  que afecta su operación. Esa es la incidencia legítima. Lo otro —el apoyo explícito a candidaturas o la dirección de votos— no es incidencia, es militancia disfrazada de gestión.

La neutralidad no silencia la voz del sector. La fortalece. Permite que sus argumentos sean escuchados por todos los gobiernos, sin importar su color. Permite que las cooperativas sigan siendo un espacio de encuentro y no de confrontación. Permite que cada asociado, sin importar su afinidad política, se sienta legítimamente representado.

Un llamado a la altura ética, doctrinal y de obligación legal, de neutralidad política absoluta.

Hoy más que nunca, el sector cooperativo está llamado a ser ejemplo de gobernanza madura. Eso significa:

- Consejos de administración que prioricen la neutralidad institucional por encima de cualquier afinidad personal.

- Gerencias y todos sus equipos,  que entiendan que su rol es técnico y de servicio, no político.

- Asociados que exijan que sus entidades respeten su diversidad de pensamiento.

- Gremios que lideren con el ejemplo: incidencia técnica fuerte, pero nunca partidista.

- Custodiar con la mayor rigurosidad sus bases de datos para evitar que sean usadas con otros fines, actuaciones que ya estarían entrando en zonas de riesgo legal relevantes, particularmente frente a la normativa de Habeas Data.

La confianza no se construye con banderas. Se construye con consistencia ética. La estabilidad no se defiende con votos. Se defiende con instituciones que trascienden a los gobiernos de turno.

El sector cooperativo colombiano es un tesoro social. Ha construido vivienda, educación, crédito, ahorro, desarrollo comunitario y movilidad social durante décadas. Ha sido un refugio en tiempos de crisis y un motor en tiempos de crecimiento.

Ese legado no puede ponerse en riesgo por decisiones coyunturales. 

Hoy, más que nunca, el sector necesita recordar su esencia: servir sin discriminar, unir sin dividir, construir sin polarizar.

No es un debate jurídico: es un debate reputacional, de gobernanza y de compliance.

¿Y por qué no mencionarlo? Esta semana hemos sido testigos de cómo se ha satanizado incluso el hecho de otorgar un crédito a un candidato político. Y cabe preguntarse: ¿es válido?  Sí, en el plano legal, otorgar un crédito a un candidato es perfectamente legal, siempre que se realice en condiciones de mercado, bajo los procedimientos internos de aprobación y con la rigurosidad habitual en el análisis de riesgo crediticio.

En el plano regulatorio, tratándose de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), existen obligaciones adicionales: debida diligencia reforzada, trazabilidad de la operación y reporte oportuno a las autoridades competentes. El cumplimiento de estos requisitos no es opcional; es el estándar mínimo de actuación.

En el plano reputacional, sin embargo, la lógica cambia. La discusión ya no gira en torno a la legalidad de la operación, sino a la interpretación que el entorno hace de ella. Y es precisamente ahí donde emerge el verdadero riesgo: en la zona gris donde lo permitido puede ser percibido como cuestionable.

Lo que sí es ilegal y éticamente inaceptable son las donaciones directas o encubiertas. Entonces, ¿por qué tanto alboroto si no se trata de una donación sino de financiación? Porque este no es un debate jurídico: es un debate reputacional, de gobernanza, de compliance y, sobre todo, de gestión de la reputación.

Cuando la comunicación no es oportuna, contundente  y técnicamente sólida, la percepción ocupa ese vacío. La opinión pública —muchas veces sin distinguir entre una operación de crédito estructurada a mercado y un acto de apoyo político— tiende a interpretar cualquier vínculo como una toma de posición. Y en este terreno, la percepción puede volverse más determinante que la propia realidad.

Es un momento que exige elevar el estándar, extremar el rigor en cada decisión y la precisión en cada mensaje. No es época de ambigüedades ni de zonas grises: cualquier gesto, por mínimo que parezca, puede interpretarse como una señal. Por eso, hoy más que nunca, el sector cooperativo debe cuidar cada paso y cada palabra, porque no puede permitirse sembrar ni la más leve duda sobre su imparcialidad.

El verdadero liderazgo del sector solidario no se mide por cuán cerca está del poder político, sino por cuán lejos permanece de la tentación de usarlo. Porque solo la neutralidad permite cumplir cabalmente la misión originaria: servir a los asociados, proteger el ahorro popular y contribuir a la estabilidad de la nación.

Porque el futuro del sector cooperativo y financiero colombiano no depende de quién gane o pierda una elección. Depende de que mantengamos intacto aquello que nos hace verdaderamente valiosos: nuestra capacidad de ser un espacio de confianza, estabilidad y servicio para todos, y garantes de los principios democráticos, la estabilidad financiera y el crecimiento económico del país, donde todos los afiliados, usuarios y ciudadanos prosperen.

En un entorno donde la percepción puede erosionar más rápido que el riesgo crediticio, la pregunta no es si las cooperativas pueden participar en el debate público, sino bajo qué condiciones pueden hacerlo sin comprometer su legitimidad.