Economía Popular: el mayor mercado de crédito en Colombia… y el peor entendido y atendido
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Las entidades crediticias siguen en deuda con la Economía Popular: tan solo 16 de las 48, enfrentan este reto
La economía popular (EP) no es una estadística marginal ni un problema social: es el corazón productivo silencioso del país. Un corazón que bombea sangre al 99% de la economía. Millones de colombianos generan ingresos diarios, sostienen cadenas de valor locales y asumen riesgos sin red financiera. Sin embargo, donde el sistema financiero ve riesgo, hoy se esconde el mayor potencial de creación de valor sostenible.
Durante décadas, la economía popular ha sido descrita desde la carencia. Hoy exige ser analizada desde la dinámica.
Las empresas formales en el país ascienden a 1,7 millones. Las MiPymes representan el 99,5% de las empresas (92% micro), entre las formales, generan el 79% del empleo del país y contribuyen con cerca al 40% del PIB anual. Por su parte, el segmento de economía informal representa más de la mitad de la población ocupada, llegando al 56,8% en diciembre del 2024 según el DANE.
La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2022 daba cuenta de más de más de 5.2 millones de micronegocios en el país, de los cuales, cerca del 82% no accede al crédito.
Vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, micronegocios familiares, trabajadores por cuenta propia, productores rurales, transportadores informales y emprendedores de subsistencia comparten una característica clave: ingresos frecuentes, fragmentados y altamente volátiles, pero ingresos líquidos, al fin y al cabo y con algo muy importante: con arraigo de territorialidad.
Son múltiples las barreras para acceder a los servicios financieros, desde la falta de identificación, la ubicación geográfica, la falta de educación financiera, las tasas de interés, hasta la autoexclusión que los hace casi invisibles. Según datos de Anif de 2022, mientras el quintil más alto de la población registra un nivel acceso al crédito del 70,9%, este porcentaje cae al 8% para el quintil 3, y se coloca cerca del 1% para los quintiles 1 y 2. Para Tarjetas de crédito por quintil de ingresos, según la GEIH, para 2022, los hogares pertenecientes a los dos quintiles de ingreso más bajos, el acceso a tarjetas de crédito fue en promedio el 2%.
No son invisibles. Son mal medidos. Mal entendidos. El verdadero desafío no es incluirlos, sino entenderlos de manera integral, construyendo cultura y confianza.
La Economía Popular (EP) ha sido uno de los sectores priorizados dentro del Pacto por el Crédito, el compromiso interinstitucional firmado entre el Gobierno y la Banca en agosto del 2024. Su interés principal fue fortalecer financieramente a las unidades productivas dentro de la EP, reconociendo en ellas un potencial para la reactivación económica del país.
La meta trazada era llegar a $12,5 billones en créditos en febrero de 2026, frente a una Línea Base de $9.1 billones; lo que significada un ambicioso reto de crecimiento por encima del 37% de desembolsos, relativo a los 18 meses previos al Pacto.
Al analizar el avance del Pacto por el Crédito, la conclusión es agridulce: mientras el país trabaja en la calle, la mayoría de los bancos, ni hablar de las Fintech, siguen ajenos, lejanos y sin comprender las dinámicas de la Economía Popular (EP).
CRECIMIENTO EN DESEMBOLSOS: 15.5%, una cifra que palidece frente al ambicioso 37% proyectado inicialmente.
A pesar de ser el foco del Pacto por el Crédito, anunciada con bombos y platillos, del total de los 5 sectores priorizados, la economía popular es la que presenta el menor avance de cumplimiento, faltando tan solo dos meses para finalizar el plan. Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026, la Economía Popular acumuló desembolsos por $9.7 billones, con un incremento del 15.5% y un avance del 77.6% respecto a la meta sectorial de $12.5 billones.
Por número de créditos acumulados, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026, se otorgaron 1.8 millones de créditos para la Economía Popular (25% agropecuarios), frente a los 1.7 millones registrados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que representa un incremento del 5.3%, porcentaje bastante mediocre frente a la meta trazada.
El ticket promedio acumulado se situó en $5.5 millones, frente a $5 millones del periodo anterior, es decir un 10% más sobre la Línea base de medición septiembre de 2023 a diciembre de 2024. Para Economía Popular Agropecuaria, el monto de los créditos registra un ticket promedio mayor, con el $6,8 MM.
La Tasa de interés promedio ponderada (% E.A.) acumulada entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026 para la economía popular se situó en el 45,5%. Detallando su composición, encontramos una tasa mucho menor para la Economía Popular agropecuaria del 30,1% y una muy alta del 52,4% para la Economía Popular no agropecuaria.
- Al respecto, es importante efectuar las siguientes consideraciones sobre la incidencia de la tasa en el cumplimiento de las metas. Tal como lo explica la Superfinanciera: “las metas del Pacto por el Crédito partieron de la expectativa de una mayor reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), la cual no se ha materializado. Según la encuesta de Expectativas Económicas del Banco de la República de agosto de 2024 —fecha en la que se suscribió el Pacto — se esperaba que la TPM cerrara en 8.5% en 2024 y llegara a 6.0% en 2025. El dato observado a diciembre de 2024 fue de 9.5%, nivel que se mantuvo hasta abril de 2025, cuando se redujo a 9.25%”, y se mantuvo hasta la primera quincena de enero 2026. Sin embargo, la tendencia al alza no se hizo esperar. En un contexto actual, de excesos de demanda y de una inflación que aumentaría en 2026, la JDBR incrementó en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria en su reunión de enero de 2026 y la ubicó en 10,25 % con el objetivo de que la inflación retome su convergencia hacia la meta del 3 % en 2027.
Concentración geográfica
En diciembre de 2025, al igual que en meses anteriores, los desembolsos de crédito continuaron concentrados en tres áreas geográficas del país, con poca variación respecto a la tendencia de los 15 meses anteriores: los departamentos con mayores participaciones fueron Nariño (10%), Antioquia (8.3%), Cundinamarca (8%) y Valle (7.5%)
La concentración geográfica que muestran los datos del Pacto por el Crédito sigue siendo un síntoma de la "Colombia olvidada". Mientras las grandes capitales siguen concentrado el crédito, el resto del país queda a merced del "gota a gota".
Guaviare, San Andrea, Amazonas, Vichada, Guanía, Vaupés, son departamentos donde los proyectos del Gobierno pasaron de largo. Seamos claros: el llamado a llegar con potencia, y eficiencia, con una oferta financiera integral de desarrollo y competitividad para estos territorios no es de la banca privada, es la banca pública como un todo, la que lamentablemente se quedó en el discurso, en el activismo ideológico, en la victimización, en la burocracia, la politiquería y en la tal fracasada paz total, que se convirtió en violencia e impunidad total. El síntoma de un Estado que le cedió el control del territorio a la ilegalidad.
Aquí es donde la banca pública debió desplegar toda su potencia, ya que esa es su razón de existir: atender poblaciones y segmentos donde el sector privado no tiene mayor apetito.
Solo 16 entidades (de las 48) se pusieron la camiseta
Revisando los desembolsos según entidad, encontramos que las entidades financieras vigiladas con mayor participación en los desembolsos acumulados del Pacto para la Economía popular como sector priorizado han sido: Banco Agrario (27.1%), Banco Mundo Mujer (19.8%), y Bancamía (9.8%).
Son muchos los discursos que venimos oyendo en estos 15 meses, que comienzan más o menos así: “El sector financiero se ha sumado con decisión a los esfuerzos del Gobierno nacional por fortalecer la EP, sellando su compromiso a través del Pacto por el Crédito”. La realidad es bastante menos épica: De las 48 entidades convocadas, solo 16 dieron el paso, las otras 32 decidieron continuar jugando en las mismas canchas de siempre.
¿Cuales?: Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Santander, Banco Mundo Mujer, Bancamía, MiBanco, Banco W, Banco Contactar, Confiar, Crezcamos, Cooperativa Financiera De Antioquía CFA; Cotrafa , JFK Cooperativa, Bold y Ban 100.
Incluso ni siquiera unas con vocación Cooperativa y Microfinanciera Como Cooperativa Juriscoop o Bancoomeva.
Que buen esfuerzo, especialmente el del Banco Mundo Mujer con $1,917.9 millones (84% del total de su colocación dentro del Pacto) de los $9,696,7 millones desembolsos acumulados en este sector, que prácticamente dobla los desembolsos de Bancamía que ocupa el tercer lugar en desembolsos ($951,1), especialmente por el trabajo que está haciendo en Nariño, el departamento de mayor desembolso de este sector en el mes de diciembre, área de influencia de Banco Mundo Mujer.
Le siguen Banco Contactar con $854,8 millones; Mi banco $825 millones, 2 y Banco W con $813,1millones.
Un aplauso también para Banco Santander un segmento en el que apenas incursiona y le gana en desembolsos de lejos a entidades con vocación microfinanciera. Incluso casi que iguala a Banco Caja Social que lleva más de 100 años entendiendo la economía popular Siendo justos pensemos que los desembolsos de estos segmentos los deben estar canalizando por la nueva Fintech de la Fundación Social “entre amigos”.
Muy bien por Bold y Ban100. Aunque sus desembolsos aún son modestos, tuvieron la valentía estratégica de entrar temprano a un segmento que la mayoría sigue observando desde la barrera. Lo relevante no es el volumen inicial, sino la decisión institucional de asumir aprendizaje en campo, ajustar modelos con datos reales y construir capacidades.
Mientras tanto, otras entidades continúan mirando la EP bajo el lente del existencialismo o “afinando” modelos, esperando el momento perfecto, como si la Economía Popular (EP) fuera un laboratorio controlado y no el ecosistema vivo y dinámico que sostiene al país. Cuando finalmente decidan salir, el mercado ya tendrá dueños, las curvas de aprendizaje estarán tomadas y la oportunidad histórica habrá pasado. En crédito para la EP, la perfección es el disfraz más elegante de la inacción.
El Gigante Tímido: Es incomprensible que una entidad como Bancolombia, con su infraestructura, solo haya aportado $292 mil millones (apenas un 3% del total ejecutado hasta el dos de enero). El exceso de retórica sobre el "propósito" se estrella contra un apetito de riesgo que en el fondo es muy bajo
Las razones se repiten como un libreto conocido: no es mi segmento, no es mi mercado, no tengo modelos construidos, no tengo red territorial, no hay condiciones de seguridad, la tasa no da, el margen no da, el límite a la tasa de usura impide desarrollar el negocio, estamos esperando que llegue el OPEN DATA.
Sin embargo, 16 entidades sí pudieron. Sí se sumaron. Sí arriesgaron.
Mientras la mayoría siguen en el discurso de la innovación, de la creación de soluciones y el desarrollo de tecnología, 16 sí entendieron que el verdadero desafío era otro: llegar.
Pasaron del discurso a la acción, con velocidad, cercanía, confianza, flexibilidad y conocimiento de los territorios y sus dinámicas sociales.
Y no hablamos solo de riesgo de crédito: enfrentaron amenazas, extorsiones, vetos a sus asesores microfinancieros, contextos hostiles y territorios complejos. Llegaron con mucho o con poco, pero llegaron. Y en ese ejercicio fueron más allá de la función social: descubrieron que sí hay negocio. Se tomaron en serio la tarea de entender las dinámicas sociales, productivas y asociativas de la economía popular.
Y demostraron que el verdadero límite no era el mercado, sino la voluntad —y la capacidad— de diseñar modelos distintos.
16 entidades que lograron un Impacto directo: cada crédito bien otorgado cambia una vida y dinamiza una cadena productiva.
EL PEOR DESEMPEÑO: El de la Banca Pública.
En el Pacto por el Crédito, la banca pública — representada en el Banco Agrario— es, paradójicamente, la gran decepción.
Muy cómodo el Banco Agrario sacando pecho por su cumplimiento de meta atendiendo Antioquia, Valle y Cundinamarca y por su puesto que encabeza el ranking de desembolsos con $2,627.4 millones de desembolsos acumulados al dos de enero, de un total de $9,296.7 millones, cifra que podría parecer robusta en cualquier otro contexto. Pero no cuando se trata del autoproclamado “Gobierno del Cambio”, que elevó este programa a la categoría de momento histórico y lo presentó como proyecto bandera bajo el nombre épico de “Gran Convocatoria Nacional de Economía Popular para el Cambio”.
¿Dónde quedó Bancóldex? ¿Dónde quedó la Financiera de Desarrollo Nacional? ¿Dónde está el Fondo Nacional de Garantías? ¿Dónde está el Grupo Bicentenario con toda su capacidad de articulación, músculo financiero y mandato público?
¿Dónde están las tan anunciadas estrategias para fortalecer técnica y financieramente a las unidades productivas más vulnerables dentro de la EP?
¿Para qué ha servido la caracterización inmersa en la Ley 2274 de 2023 y el Sistema de Información de la Economía Popular (SIEP)?
¿Dónde ha estado, todos estos meses, el Ministerio de la Igualdad, con la “medio bobadida” de $1,2 billones de pesos de presupuesto?
El Gobierno del Cambio, parece haberse extraviado en los pasillos de la política, priorizando puestos burocráticos para activistas cegados, y sin ninguna experiencia, y pagando lealtades electorales por encima de la infraestructura social que tanto predica.
Mucho discurso, mucha efervescencia, mucho activismo, mucha crítica hacia los gobiernos anteriores… pero cuando llegó el momento de articular un plan estratégico real para la Colombia olvidada, no salieron con nada.
EL DESAFÍO DE LA AUTO EXCLUSIÓN
La economía popular no accede al crédito por múltiples razones estructurales, pero una de las más determinantes persiste del lado de la demanda. En este segmento operan poderosos factores de autoexclusión: el desconocimiento sobre cómo funciona el crédito formal, la desconfianza hacia las instituciones financieras y el temor —a veces aprendido, a veces heredado— a endeudarse en un sistema que perciben como hostil o inaccesible.
Estos elementos no solo limitan la demanda; construyen una barrera psicológica y cultural que mantiene a millones de personas fuera del sistema financiero, incluso cuando existen productos diseñados para ellos.
Mientras otros segmentos financieros están sobreexplotados —con exceso de oferta, altos niveles de endeudamiento y una competencia feroz por el mismo cliente— la economía popular representa lo contrario: un océano azul. Un espacio amplio, y con enorme potencial para quienes estén dispuestos a trabajar sobre la autoexclusión, comprender sus lógicas y construir relaciones de confianza donde hoy solo hay distancia.
LA PARADOJA DIGITAL - se pavonean en foros internacionales sobre IA y disrupción, pero su ADN innovador parece detenerse en los estratos 4, 5 y 6.
Mientras muchos jugadores compiten ferozmente en mercados urbanos formales —sobreofertados, con clientes hiperendeudados y márgenes comprimidos—, la economía popular representa un océano azul para aquellos que se atrevan a asumir el reto de un ejercicio de arquitectura estratégica.
Ni Lulo, ni Nu, y ningún Banco Digital, y en general la mayoría de las Fintech, ha comenzado siquiera a mirar seriamente hacia el microcrédito y menos la Economía Popular. Siguen muy cómodos atendiendo los millennials estrato, 4, 5 y 6, con huellas digitales. La supremacía tecnológica parece que todavía no les da para arriesgarse más allá de los salarios mensuales, los balances formales y los contratos estables.
Los bancos digitales nacieron para romper paradigmas, pero frente a la Economía Popular siguen atrapados en los mismos sesgos que la banca tradicional, a la espera que el Open Data por fin despegue.
Décadas y décadas y seguimos sin entender la lógica de caja de la economía popular. Seguimos en la desalineación estructural y “existencial” entre producto y realidad. Modelos de scoring que ignoran datos alternativos; productos desconectados del ciclo productivo; esquemas de cobranza pensados solo para oficinas, no para calle, campo y barrio.
A pesar de la proliferación de todo tipo de entidades crediticias, durante la última década, el dinamismo del microcrédito ha venido disminuyendo, lo que se refleja en la reducción del número de microempresarios atendidos. Mientras que en 2014 se registraban 2,84 millones de clientes con microcrédito, para 2024 la cifra había descendido a 2,61 millones. El número de desembolsos también cayo. llegando a solo 1,73 millones al cierre de 2024.
En lugar de reinventar el microcrédito, se ha venido reduciendo a una versión “miniaturizada” del crédito tradicional: ciclos rígidos, cuotas fijas, tasas altas justificadas por el riesgo, nula o poca personalización, lenguaje técnico inaccesible, contratos incomprensibles de letra pequeña, scoring inflexible y una incapacidad estructural para leer el flujo de caja real del vendedor ambulante, del tendero, del transportador informal. Siguen buscando ingresos estables mensuales en un país que vive del diario.
La supuesta supremacía tecnológica se desvanece cuando el reto implica entender ingresos diarios, flujos irregulares, economías de supervivencia y modelos para la gestión del Riesgo Social. Ahí, donde la innovación que debería ser más audaz, se vuelve conservadora.
LA BRECHA DE INNOVACIÓN APLICADA: el punto ciego más costoso del sistema financiero colombiano
Colombia no sufre una falta de innovación tecnológica. Sufre algo más profundo y caro: una brecha de innovación aplicada.
Mientras los bancos y las fintech invierten millones en algoritmos, biometría, onboarding digital y experiencias “sin fricción”, la Economía Popular —Más del 95% de la economía real— sigue operando por fuera de su radar.
La paradoja es evidente: la tecnología está avanzando más rápido que la capacidad del sistema financiero para aplicarla donde realmente importa.
Los bancos digitales presumen de IA, pero no la usan para resolver el problema más complejo y más transformador del país: cómo evaluar riesgo en ingresos diarios, volátiles, informales y fragmentados.
Ese es el verdadero examen de la inteligencia artificial financiera. Ese es el verdadero “moonshot” del crédito en Colombia. Y ese es el examen que nadie está presentando.
El resultado es paradójico: un producto diseñado para inclusión que termina excluyendo por su propio diseño.
La Economía Popular: el laboratorio perfecto que nadie está usando
La EP es el entorno ideal para que la IA financiera despliegue todo su potencial:
- Datos de alta frecuencia: ingresos diarios, transacciones pequeñas, patrones de comportamiento repetitivos.
- Comportamientos observables: movilidad, inventarios, rotación, recurrencia de compras.
- Tres barreras conductuales (no estructurales) de auto exclusión sustancialmente validadas, con hoja de ruta clara para trabajar estratégicamente: desconocimiento; desconfianza y temor.
- Uso intensivo de datos alternativos e incorporación de fuentes de información no tradicionales: consumo de energía, gas y agua, transporte público, planes de telefonía, giros, remesas, comercio, transacciones en billeteras digitales
- Riesgo granular: perfecto para modelos que aprenden rápido y ajustan en tiempo real.
- Volumen masivo: millones de casos para entrenar modelos robustos.
- Gestión educativa, formadora, preventiva y predictiva
- Mayores tasas de fidelización: el cliente popular, bien acompañado, suele mostrar niveles de lealtad y cumplimiento superiores a muchos segmentos formales saturados de ofertas.
En cualquier ecosistema tecnológico serio, esto sería oro puro. En Colombia, sigue siendo un territorio huérfano.
EL GOTA-GOTA EL REY DE LA ECONOMÍA POPULAR
El gota a gota, el sistema de crédito informal, ilegal y altamente coercitivo que opera en barrios populares, zonas rurales y entornos comerciales de todo el país, es el rey de la Economía Popular. Su lógica es simple: desembolsos inmediatos, sin trámites, sin requisitos y sin historial crediticio. Su costo, en cambio, es devastador: intereses diarios, pagos semanales, amenazas, extorsión y, en muchos casos, estructuras criminales detrás.
Pero lo más importante —y lo que explica su expansión— es que el gota a gota no compite con el sistema financiero formal. Compite con el vacío, con la ausencia de crédito accesible y se nutre de una regulación que protegen al consumidor, pero asfixian la innovación
Mientras el Pacto por el Crédito apenas logra cumplimiento del 15.5% en la EP, una cifra que palidece frente al ambicioso 37%, el crédito informal —gota a gota, préstamos diarios, redes locales— sigue creciendo exponencialmente y con tasas que triplican la tasa de usura, ahogando a la EP.
Voces expertas desde todos los rincones, piden acabar con los límites a la tasa. Mientras el crédito bancario para microempresas o EP se mueve en tasas reguladas, el "gota a gota" opera con intereses que superan el 20% mensual.
Si bien el Gota – Gota maneja tasas astronómicas, resulta ser una respuesta inmediata a la falta de alternativas. Una solución en minutos, en la puerta del negocio, sin papeles y sin preguntas.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD
El reto de la sostenibilidad en el microcrédito es profundo y estructural. Comprender estas dinámicas es indispensable para anticipar riesgos, identificar cuellos de botella y diseñar estrategias que realmente fortalezcan el ecosistema. La desaceleración en la colocación de recursos —especialmente hacia los microempresarios más vulnerables— puede estar revelando tensiones que comprometen la viabilidad del modelo en el largo plazo.
Uno de los factores más críticos es la insostenibilidad financiera derivada de los altos costos operativos. En la mayoría de los casos, los ingresos generados por las operaciones de microcrédito no alcanzan a cubrir los costos de originación, seguimiento y administración. El estudio de Finagro y el Fondo Emprender sobre el costo del microcrédito en Colombia (2024) es contundente: la gestión de un microcrédito tiene un costo fijo promedio de $1.117.131, incluyendo infraestructura, habilitadores y ejecución operativa. Esto significa que un crédito equivalente a 1 SMMLV tiene un costo total del 100,3% del valor desembolsado, lo que lo hace prácticamente inviable desde el punto de vista financiero.
A medida que aumenta el monto, la relación costo–crédito mejora: desciende a 57,3% para operaciones de 2 SMMLV y llega a 17,7% en créditos de 25 SMMLV. Pero el problema es evidente: el microcrédito más pequeño —el que atiende a los más vulnerables— es el más costoso de operar.
Este panorama obliga a mirar más allá de los modelos tradicionales. La sostenibilidad del microcrédito en la economía popular dependerá de la capacidad del sector para adoptar modelos disruptivos, apalancarse en tecnologías de evaluación alternativa e incorporar estructuras colectivas o comunitarias que reduzcan costos, mejoren la información y disminuyan la morosidad. Pero sobre todo: superar el desafío estructural que representa la tasa de usura, un límite que hoy restringe la viabilidad del crédito formal en los segmentos más vulnerables. Esta situación configura una verdadera paradoja de política pública: una tasa diseñada para proteger a quienes ya están dentro del sistema termina dejando desprotegidos precisamente a quienes están fuera, empujándolos hacia mecanismos informales y, en muchos casos, abiertamente ilegales.
Sin estos cambios, el microcrédito y el crédito para la EP, seguirán siendo servicios socialmente necesarios, pero financieramente inviables y más entidades formales se seguirán retirando de los segmentos más vulnerable.
TRES IMPULSORES CLAVE DEL ECOSISTEMA - pagos digitales, Open Data y Embedded Finance
Sin duda la agilidad con que avanza la Digitalización de Pagos será un gran impulsor.
La masificación de sistemas de pagos inmediatos (como Bre-B en 2025) ha permitido que el pequeño comercio reduzca su dependencia del efectivo, generando una huella transaccional que sirve como garantía reputacional para futuros créditos.
Con una comprensión fragmentada, desintegrada, con decisiones muchas veces tomadas desde la casuística, y no desde la evidencia, la huella digital permitirá avanzar con agilidad en analítica de ingresos diarios, scoring conductual con trazabilidad de comportamiento.
2. Por su parte el OPEN FINANCE permitirá el empoderamiento de las personas y respecto a sus datos frente al sistema financiero, permiten que puedan compartir su información con otras instituciones para el desarrollo de nuevos productos y servicios más económicos y alineados con sus necesidades.
3. Pero quizá el mayor impulsor sin duda será el desarrollo de las Finanzas Embebidas (EMBEDDED FINANCE).
La capacidad de integrar ahorros, pagos, seguros y créditos en plataformas digitales no bancarias, no solo permite ofrecer una experiencia fluida y sin interrupciones, sino dispersar los costos y gastos en los actores del encadenamiento de los servicios.
La digitalización y la economía de las plataformas, están creando oportunidades sorprendentes para aquellos que sepan anticiparse con una mirada diferente a una realidad que implica en sí misma la ruptura del modelo tradicional de negocio y es aquí donde las Finanzas Embebidas marcaran un antes y un después en la atención de los segmentos de la EP.
Este modelo permite a empresas financieras, integrar sus productos a otras empresas de sectores como el ‘retail’, el transporte y la tecnología, para mejorar la comodidad del usuario, aumentar la fidelización, ganar efectividad, eficiencia, ampliar los márgenes, profundizar en data y conocimiento del cliente, generando nuevas y mejores oportunidades de negocio mediante servicios financieros integrados en el proceso de compra con mejores tarifas y lo que es más importante, colocar al cliente en el centro del modelo de negocio.
Las Finanzas Embebidas, son además al mayor habilitador del poder del efecto red. El lograr incrustarse en esas cadenas de valor interconectadas, que ya cuentan con un relacionamiento construido con el mercado, con proximidad, confianza y fidelización del cliente, se constituye en un desafío que va más allá de consolidar un factor diferenciador.
Sin duda, la ola de crecimiento que veremos en los próximos años estará centrado en la creación de modelos de negocio que se conviertan en habilitadores de finanzas embebidas, donde la fidelización del cliente esté tan consolidada y los lazos emocionales con la marca sean tan fuertes, que la cadena de valor del negocio de convierta en habilitadora de venta de cualquier producto o servicio, desde seguros, créditos, viajes, tecnología, pagos, alimentos y hasta entretenimiento, en lo cual caminar de la mano del mejor aliado será la clave para avanzar con agilidad.
Las finanzas embebidas son la llave para expandir el mercado incluso hacia otras industrias, permitiendo la conexión de productos y servicios a niveles inimaginables. Compañías de alimentos que comienzan a vender créditos y seguros; y compañías de seguros que están en capacidad de vender desde ropa, hasta viajes.
Es hora de avanzar con potencia y decisión en convertir el microcrédito y el crédito a la EP en un derecho de infraestructura productiva, tan vital como la energía o el internet y en estar tarea será clave la unión de varias fuerzas habilitadoras: la digitalización, los pagos instantáneos, la conversión de la huella Digital en Data, la amplitud de la información gracias al Open Finance, las Finanzas Embebidas y finalmente romper el mito de la tasa de usura.
EL PACTO EN EL SECTOR COOPERATIVO VIGILADO POR LA SUPER SOLIDARIA
¿Cómo era posible que el Gobierno “del cambio”, hablara de inclusión financiera y de la “Gran Convocatoria Nacional de Economía Popular para el Cambio”, pensando solo en la banca, sin incluir a los actores que, por naturaleza, han sostenido el crédito productivo de base comunitaria durante décadas? Pues sí que los habían dejado por fuera.
Recordemos qué, en su conjunto, las empresas del sector solidario tienen cerca de 7 millones de personas asociadas a más de 3.500 organizaciones en todo el territorio nacional, ofreciendo una infraestructura institucional importante de cara al propósito de democratizar el crédito asociativo para reactivar la economía del país.
Particularmente las entidades con “core financiero”, lo que se conoce como el sistema financiero cooperativo SFCOOP, está compuesto por: 170 cooperativas de ahorro y crédito, 4 cooperativas financieras, 2 Bancos de propiedad cooperativa y 1 Compañía de Financiamiento de naturaleza Cooperativa.
Ante la ola de protesta y reclamos de las Cooperativas y demás entidades solidarias, finalizando el mes de octubre de 2024, la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Cámara de Comercio de Bogotá, lanzó el ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’, con el objetivo de colocar un billón de pesos.
Según las cifras publicadas por la Supersolidaria, antes de la firma del pacto, en 2024, el sector había desembolsado $903 mil millones. Para el periodo enero–noviembre de 2025, los desembolsos reportados ascienden a $1,48 billones, lo que representa un crecimiento del 64%.
Sin embargo, el afiche oficial que presenta estos resultados no ofrece ningún detalle metodológico. No especifica:
- si los desembolsos incluyen o no a los bancos de propiedad cooperativa y a la compañía de financiamiento cooperativa,
- si se están sumando todas las modalidades de cartera,
- ni si se están agregando todos los segmentos y sectores atendidos por el sistema financiero cooperativo.
Esta ausencia de precisión dificulta evaluar la consistencia de las cifras divulgadas.
Aún más, cuando se contrastan estos datos con las cifras de Fecolfin, el crecimiento del 64% logrado en el pacto, suena inconsistente.
Según el gremio, a noviembre de 2025 la cartera total del SFCOOP, en todas sus modalidades, apenas crecía un 4% frente al mismo mes del año anterior.
Resulta difícil sostener que el sector solidario haya alcanzado un volumen de nuevos desembolsos tan elevado como el que sugiere el “Pacto por la Democratización del Crédito Solidario”, si el saldo de cartera —que es el indicador estructural del crecimiento real— solo aumentó un 4% en el año.
La inconsistencia se acentúa cuando se observa la composición de la cartera cooperativa:
más del 70% corresponde a crédito de consumo, mientras que el microcrédito y el crédito productivo —los segmentos que supuestamente impulsaría el pacto— representan apenas el 9% del total.
En cualquier caso, la falta de claridad metodológica impide validar la narrativa oficial.
Antes de terminar recordemos los parámetros de caracterización de estos segmentos:
- segmentaciones definidas en el Decreto 455 de 2023:
- Crédito popular productivo: operaciones activas de crédito con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica cuyo monto no exceda los 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
- Crédito productivo incluye operaciones cuyo monto esté entre 6 y menos de 25 SMMLV4. Particulatmente para el Pacto por el Crédito, sólo se registran como parte de la EP las operaciones menores a 12 SMMLV.
- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 define la EP como aquellos “oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico”.
- Características de los micronegocios según en DANE
Unidad económica con máximo nueve (9) personas ocupadas, que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción.
Los Propietarios(as) o poseedores(as) de los medios de producción con los cuales desarrollan su actividad económica • Prestan servicios técnicos o profesionales, siempre y cuando no sean subordinados(as) • Responsables de la deuda u obligación contraída en el proceso de producción, comercialización o prestación del servicio que genera los ingresos • Buscan su clientela o son responsables de ello. Los micronegocios pueden ser operados por una sola persona.