Lo que la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (ECV) le dice a su modelo de crédito y su estrategia de crecimiento

¿Está su modelo de riesgo entrenado para un país que ya no existe?

Los datos de calidad de vida del DANE no son solo estadísticas de bienestar. Son el mapa de exposición del crédito colombiano: dónde crece la demanda, dónde se concentra el riesgo, y dónde el sistema sigue operando como si el país de 2019 aún existiera.

Colombia tiene hoy 18,9 millones de hogares y un tamaño promedio de 2,82 personas por unidad doméstica, el más bajo registrado desde que el DANE lleva esta serie. La cifra no es un dato demográfico más: es una señal de recomposición estructural que modifica el perfil del deudor, la capacidad de pago compartida y la lógica de los modelos de originación que todavía operan con supuestos de hace una década.

El país que se achica

Los hogares unipersonales representan ya el 20,2% del total, frente al 18,4% de 2022. Los hogares biparentales —el núcleo sobre el que se construyeron históricamente los modelos de crédito hipotecario, de consumo familiar y de libranza— han caído al 51,3%. El 46,4% de los hogares tienen jefatura femenina, cifra que en las cabeceras municipales asciende al 48,7%.

Estas cifras son relevantes especialmente en vivienda, segmento en el que Colombia ha construido un mercado hipotecario robusto en sus indicadores de calidad de cartera, pero estructuralmente pequeño para las necesidades reales del país.  Los modelos de scoring que usaron datos de comportamiento de 2018 a 2022 fueron entrenados con un perfil de hogar que ya no es el dominante.

 

El ciclo del arriendo: lo que el crédito hipotecario no está capturando

Mientras la profundización hipotecaria sigue estancada alrededor del 7% del PIB —el mismo nivel de 2021 y 2022, por cuarto año consecutivo, el arriendo es el tipo de tenencia predominante en Colombia: el 40,8% de los hogares vive en vivienda arrendada. Solo el 38,1% habita en vivienda propia —total o parcialmente pagada—. Esta inversión estructural entre propietarios y arrendatarios denota una reconfiguración del mercado que tiene consecuencias directas sobre la demanda real de crédito hipotecario y sobre la calidad del colateral en los portafolios existentes.

El déficit habitacional totaliza 4,8 millones de hogares —el 25,6% del país—. De ese universo, 3,6 millones enfrentan déficit cualitativo —condiciones que el mejoramiento habitacional puede resolver— y 1,2 millones registran déficit cuantitativo, que implica necesidad de nueva construcción. La reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2024 es positiva en la tendencia, pero insuficiente en la magnitud: el sistema financiero tiene frente a sí un mercado potencial de millones de hogares que no han accedido al crédito hipotecario formal.

 

La vivienda como frontera del crédito

La paradoja del mercado colombiano: hay demanda estructural de vivienda —4,8 millones de hogares en déficit—, pero la propiedad formal retrocede frente al arriendo. El problema, si bien no es exclusivamente de oferta ni de tasa de interés, lo cierto es que convoca varios factores, primero el hecho de que gran parte de los hogares no alcanza el “cierre financiero”, por un nudo de factores macroeconómicos, estructurales, y de informalidad laboral, segundo hay barreras de elegibilidad crediticia, y ausencia de productos que conecten el déficit cualitativo —mejorable con microcrédito o crédito de mejoramiento— con el ecosistema financiero formal. La oportunidad está subatendida. El riesgo también está, pero en los portafolios mal segmentados.

La expresión de una demanda que el crédito tradicional no está capturando: el leasing en vivienda usada lidera el dinamismo

Relacionando los resultados de la ECV bien vale traer a la mesa el análisis sobre dónde estuvo el verdadero crecimiento en crédito de vivienda en 2025. La vivienda nueva cayó un 1,3% en número de operaciones: 114.056 frente a 115.455 en 2024. La vivienda usada creció un 32,5% en operaciones y un 48,5% en valor, pasando de $10,0 billones a $14,9 billones.

Dentro de la vivienda usada, el leasing habitacional es el segmento de mayor aceleración. Las operaciones de leasing no VIS usada crecieron un 71,1% en número y un 94,5% en valor; el leasing VIS usada creció un 141,6% en número y un 162,5% en valor. Estas tasas confirman que el leasing habitacional para vivienda usada no es un fenómeno puntual: es la expresión de una demanda que el crédito hipotecario convencional no está capturando.

Menos construcción hoy equivale a menos oferta de vivienda nueva en 18 a 24 meses —lo que trasladará presión adicional al mercado de vivienda usada y, por extensión, al leasing habitacional de segunda mano.

 

La relación no se minimiza a un número: describe un mercado que está buscando activamente un instrumento que el crédito hipotecario convencional no le ofrece. Especialmente para la población del mercado laboral informal.

En momentos en que el mercado proyecta una subida de tasas de interés, el sistema financiero tiene una ventana de tiempo para ampliar su base de elegibles antes de que ese ajuste llegue.  La capacidad de entender dónde están esos elegibles será el factor de competitividad más interesante de 2026.

 

Una disciplina financiera que sigue estando invisible para los modelos de originación hipotecaria

ECV 2025 registra que el 40,8% de los hogares colombianos vive en arriendo, cuarto año consecutivo como modalidad predominante frente a un 91% de los compradores de vivienda que necesitaron crédito hipotecario para adquirir su inmueble en 2025, y el 26,2% de los jóvenes entre 18 y 28 años identificó la dificultad para obtener dicho crédito como la principal barrera de acceso.

Los hogares arrendatarios están demostrando capacidad de pago mes a mes. En los deciles de ingreso 1 a 3, más del 74% destina el 30% o más de su ingreso mensual al canon de arriendo; promediando los deciles 1 a 5, ese porcentaje asciende al 45%. Esa disciplina financiera es invisible para los modelos de originación hipotecaria. El arrendatario que paga puntualmente durante cinco años no tiene historial crediticio hipotecario: tiene historial de arriendo, que el sistema bancario colombiano todavía no sabe leer de manera sistemática.

Brasil implementó el Cadastro Positivo en 2019 —incorporando pagos de servicios públicos, telecomunicaciones y obligaciones comerciales no bancarias al historial crediticio—. El resultado fue un incremento del 15% al 20% en operaciones originadas para trabajadores informales entre 2020 y 2023, y un crecimiento del crédito inmobiliario del 52% en el mismo período. Colombia tiene la hoja de ruta. Lo que le falta es la decisión de diseño para recorrerla.

 

Un hogar que paga $800.000 mensuales de arriendo sin falla durante 60 meses ha transferido $48 millones al patrimonio de su arrendador con una disciplina de pago que ningún modelo hipotecario puede ignorar. Que el sistema financiero no lo vea no es un problema técnico: es una decisión de diseño que excluye a millones.

La ECV confirma que el 55% de los afiliados al sistema de salud está en el régimen subsidiado —cifra estable desde 2019—. Ese es el techo. La única forma de superarlo es incorporar datos alternativos de pago, usar el leasing como instrumento de primer acceso para hogares arrendatarios, y construir los modelos de scoring que lean la economía real de los hogares colombianos: no lo que declaran ganar, sino lo que demuestran pagar.

 

La paradoja del régimen subsidiado: cobertura ≠ capacidad de pago

El 97,2% de los colombianos declara estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cubrimiento que siempre se ha declarado como un éxito social. Sin embargo, vista desde el riesgo de crédito es una señal que alerta sobre la estructura de ingreso del universo de deudores potenciales: el 55% está en el régimen subsidiado —es decir, no cotiza al sistema contributivo por razones de capacidad económica—, mientras que solo el 44,9% pertenece al régimen contributivo.

La asimetría territorial es aún más crítica: en Bogotá el 73,4% de los afiliados está en el régimen contributivo, mientras que en departamentos como Vichada, Guainía, Chocó, La Guajira y Vaupés la concentración en el régimen subsidiado supera el 85%. Esta diferencia no solo habla de geografías: habla de perfiles de riesgo, de informalidad laboral, de capacidad de endeudamiento y de comportamiento previsible de pago.

Para los originadores de crédito, la variable de régimen de salud es un indicador proxy de formalidad laboral que debería estar integrado —o al menos correlacionado— con los modelos de bureau. Su estabilidad en el 55/45 durante siete años consecutivos confirma que Colombia opera con una estructura de mercado laboral dual que el crédito formal no ha terminado de leer con modelos apropiados.

 

La digitalización como variable de penetración financiera

El salto más disruptivo de la ECV 2025 no está en vivienda ni en salud: está en la conectividad. El acceso a internet en centros poblados y zonas rurales dispersas pasó del 41,9% en 2024 al 56,9% en 2025: un incremento de 15 puntos porcentuales en un solo año. A nivel nacional, el 73,9% de los hogares tiene acceso —frente al 65,6% del año anterior.

Para el ecosistema fintech, para los operadores de paytech y para toda entidad financiera y crediticia migrando a originación vía canales digitales, este dato es el más relevante de la ECV 2025.  El mercado rural y semi-urbano que en su mayoría estaba fuera del alcance del onboarding digital hace 24 meses, hoy ya tiene conectividad.

La pregunta que no responde la ECV —pero que el ecosistema de crédito debe responder urgentemente— es: ¿además de conectividad, tiene también identidad digital validable, historial crediticio y producto financiero adecuado a su perfil?

El salto de 15 puntos en conectividad rural no es un indicador de bienestar. Es la apertura del canal por donde el crédito digital puede llegar a los mercados que la banca tradicional, ni siquiera el sector cooperativo, no ha atendido en cincuenta años.  La pregunta es quién llegará primero: la fintech ágil, la cooperativa o el banco que todavía no resuelve el dilema si abrir una sucursal.

 

Percepción de pobreza subjetiva: señal temprana del scoring conductual

El 37,6% de los jefes de hogar o sus cónyuges se percibe como pobre en 2025, frente al 40,4% de 2024. La reducción de 2,8 puntos porcentuales es la más pronunciada de los últimos cuatro años. Pero el dato tiene una capa que no se debe ignorar: según el sexo del jefe/a del hogar evidencia que la percepción de pobreza continúa siendo más alta en los hogares con jefatura femenina (39,5%) frente a los que tienen jefatura masculina (35,9%). En cuanto al comportamiento del indicador frente a 2024, se redujo para los dos tipos de hogar, pero la caída fue levemente mayor en aquellos encabezados por hombres (2,9 puntos porcentuales frente a 2,7 puntos en los hogares con jefa mujer).

 

El país que no se ve desde Bogotá:
Satisfacción con el ingreso y capacidad para cubrir gastos mínimos por departamento

- Desde predictores de mora temprana hasta grandes oportunidades -  

La satisfacción promedio con el ingreso en Colombia cayó de 6,88 en 2024 a 6,77 en 2025 (escala 0-10, solo perceptores de ingresos de 15 años y más). Se trata de la dimensión de bienestar subjetivo más baja de toda la ECV 2025.

Esta caída, aunque moderada a nivel nacional, oculta una heterogeneidad extrema entre departamentos: mientras San Andrés registra 8,17 y Arauca 7,85, cinco departamentos del Pacífico y Caribe se ubican entre 5,54 (Chocó) y 5,72 (Sucre).

El promedio nacional de 6,77 no representa a nadie de esos dos extremos. Y es, al mismo tiempo, una ficción operativa que el sistema financiero colombiano se ha permitido durante demasiado tiempo.

Llama la atención que las cabeceras la disminución fue más pronunciada del 7,0 al 6,8. La zona rural se mantuvo prácticamente estable.

La insatisfacción con el ingreso es uno de los predictores más robustos de intención de incumplimiento voluntario (según señales de behavioral credit risk).   Las estrategias de cobranza preventiva deberían estar revisando esta variable en sus modelos de propensión de incumplimiento hoy, pero customizadas por departamento, con scoring georreferenciado.

 Sabemos que los modelos de riesgo crediticio, pricing de nuevos productos y estrategias de profundización de portafolio suelen alimentarse del promedio nacional. Sin embargo, la realidad económica que se vive en Bogotá, Medellín o Cali nada tiene que ver con la que enfrentan los hogares de Chocó, Caquetá, Nariño, Cauca o Sucre.  Dentro de seis meses, la señal ya se habrá convertido en cartera vencida.   

Hogares que “No alcanzan para cubrir los gastos mínimos”

En 2025, el 31,35 % de los hogares colombianos reporta que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos (bajó desde ≈35,5 % en 2024).

Aunque la tendencia nacional es positiva (mejora de 4,15 puntos), la heterogeneidad regional es extrema y coincide casi perfectamente con los departamentos de menor satisfacción con el ingreso

 

 

5 Focos para planes choque

La señal de riesgo se refuerza de manera contundente al cruzar ambos indicadores: los cinco departamentos con la menor satisfacción promedio con el ingreso en 2025 (Chocó 5,54; Caquetá 5,57; Nariño 5,67; Cauca 5,68 y Sucre 5,72) son exactamente los mismos cinco que registran el mayor porcentaje de hogares que declaran que sus ingresos “no alcanzan para cubrir los gastos mínimos” (Chocó 58,2 %; Caquetá 55,9 %; Nariño 53,7 %; Cauca 52,4 % y Sucre 51,8 %). Esta coincidencia no es casual, sino que revela una correlación estructural casi perfecta entre la valoración subjetiva del ingreso y la percepción objetiva de insuficiencia. Mientras que en San Andrés, Arauca, Santander, Caldas y Amazonas la satisfacción supera los 7,4 puntos y el porcentaje de hogares que no alcanzan se sitúa por debajo del 20 %, en la Colombia del Pacífico y el Caribe la insatisfacción crónica con el ingreso se combina con tasas de percepción de pobreza económica que duplican el promedio nacional. Esta doble señal —baja satisfacción + alto porcentaje de “no alcanzan”— constituye un predictor temprano y robusto de intención de incumplimiento voluntario, reforzando la evidencia de que Colombia enfrenta dos realidades económicas profundamente diferenciadas: una Colombia donde los hogares perciben sus ingresos como suficientes y otra donde la insuficiencia percibida es estructural y persistente. Para los modelos de riesgo crediticio y las estrategias de cobranza preventiva, esta convergencia departamental no solo valida la segmentación geográfica, sino que exige incorporarla de inmediato como variable de scoring, pues la señal ya está disponible y no puede esperar a manifestarse como default.

 

Ciclo de Riesgo – Liderando las conversaciones difíciles del futuro del crédito, el riesgo y la cobranza en Latinoamérica.

¿Cuánta cartera vencida en Chocó y La Guajira era previsible? ¿Y cuánto crecimiento seguro se quedó en Casanare porque el modelo los trató igual?

Con marcado contraste con las regiones de mayor vulnerabilidad, un grupo selecto de departamentos muestra una percepción económica claramente favorable, donde los hogares no solo reportan que sus ingresos sí alcanzan para cubrir los gastos mínimos, sino que además califican su satisfacción con el ingreso por encima de 7,4 puntos. San Andrés (8,17), Arauca (7,85), Santander (7,50), Caldas (7,43) y Amazonas (7,48) conforman este grupo de alta percepción positiva, con porcentajes de hogares que “no alcanzan” por debajo del 20 %. Esta doble condición —buena suficiencia percibida del ingreso y alta satisfacción— genera una oportunidad estratégica relevante para las entidades financieras. En estas zonas existe mayor espacio para la profundización de portafolio, el lanzamiento de nuevos productos, la ampliación de límites de crédito y la aplicación de tasas preferenciales con menor riesgo esperado de incumplimiento. La combinación de una percepción económica positiva y una menor presión sobre los gastos mínimos se traduce en un perfil de deudor más resiliente, lo que permite a los bancos capturar crecimiento rentable y seguro, fortaleciendo la cartera en regiones donde la señal de riesgo es estructuralmente baja.

 

Educación y el capital humano como predictor de largo plazo

La asistencia escolar en básica primaria (96,0%+) y secundaria (96,0%+) supera el umbral histórico. Pero hay una fractura que el sistema financiero debe leer con atención estratégica: solo el 48,4% de los jóvenes entre 17 y 21 años asiste a un establecimiento educativo formal. Peor aún: solo el 37,6% de ese grupo etario ha alcanzado algún nivel de educación superior.

Este segmento —los jóvenes de 17 a 21 años fuera del sistema educativo— es precisamente el que en los próximos cinco años constituirá el grueso de la demanda de crédito de consumo, microcrédito y crédito de libre inversión. Son los deudores de la próxima cosecha. Y su perfil educativo, su nivel de educación financiera y de inserción laboral determinará en buena medida la calidad de cartera y profundización de la oferta, que el sistema financiero cargará en 2028, 2030 y más allá.

La percepción subjetiva de pobreza es una variable conductual de primer orden en el ciclo de crédito. Está correlacionada con el apetito por el endeudamiento, con la disposición al pago y con la probabilidad de que un deudor en dificultad tome decisiones proactivas de renegociación o, por el contrario, entre en mora silenciosa. En zonas rurales, la percepción de pobreza alcanza el 70,5%, más del doble que en cabeceras urbanas (37,6%), lo que explica en parte la mayor tasa de mora en portafolios con exposición rural.

Los modelos de riesgo y pricing que usan solo el promedio nacional subestiman gravemente el riesgo en regiones críticas, mientras pierden oportunidades de crecimiento seguro en la Colombia que nadie está mirando.

 

Colombia no es el país de 2019. Su hogar es más pequeño, más conectado, más femenino en su conducción y más arrendatario en su vivienda.  La Colombia del ingreso promedio también cambió, en el que coexisten dos economías domésticas que no tienen nada en com. El sistema financiero que siga leyendo ese país con los modelos de hace seis años no está gestionando riesgo: está acumulándolo, mientras oportunidades de crecimiento seguro en zonas que nadie está mirando.

 

 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Desde la Unidad de Consultoría Estratégica de Ciclo de Riesgo, entendemos que los DATOS y TENDENCIAS  no son “estadísticas de cajón”: son evidencia de cómo se construyen ventajas competitivas reales en mercados donde la presión, la velocidad y la disrupción son la norma. Cada análisis que presentamos busca revelar los mecanismos que permiten a una organización crear, ampliar y defender su foso económico, ya sea en crédito, cobranzas, originación, riesgo, retail financiero o ecosistemas de pago.

Con cada artículo queremos extenderles una invitación a mirar el mercado con otra lente: la de quienes no reaccionan, sino que diseñan el futuro del sistema financiero del comercio.

Ciclo de Riesgo la Revista de expertos para expertos

 

¿Ya sus modelos están viendo de esta información?

La ECV 2025 no es un informe de bienestar social. Es un diagnóstico de la demanda futura de crédito, de la capacidad de pago estructural del país y de las brechas que separan el mercado atendido del mercado posible. Tres líneas de acción emergen con claridad para los equipos de riesgo y estrategia:

Primera: reentrenamiento de modelos de scoring. 

La recomposición del hogar colombiano —más pequeño, más femenino en su jefatura, más arrendatario— invalida los supuestos sobre los que se construyeron muchos modelos entre 2015 y 2022. El bureau puede seguir siendo la piedra angular, pero las variables socioeconómicas de contexto del hogar deben actualizarse. Las entidades que lo hagan primero tendrán ventaja competitiva en originación y en tasa de aprobación sin deterioro de calidad.

Datos que fundamentan esta acción: El 20,2% de los hogares ya es unipersonal (vs 18,4% en 2022). El 46,4% tiene jefatura femenina. El 40,8% vive en arriendo por cuarto año consecutivo. La satisfacción con el ingreso bajó a 6,77/10, pero varía entre 5,54 (Chocó) y 8,17 (San Andrés). Un modelo entrenado con datos de 2018–2022 no reconoce ninguno de estos perfiles como dominantes.

El reentrenamiento no implica reemplazar el scoring tradicional: implica enriquecerlo con variables territoriales, tipología de hogar, régimen de salud como proxy de formalidad laboral y, donde sea posible, historial de pago de arriendo como predictor alternativo de comportamiento crediticio. La digitalización del pago del arriendo —acelerada por proptech como Aptuno y los operadores de build-to-rent— está generando por primera vez datos trazables sobre el deudor que el sistema nunca había podido leer.

 

Segunda: diseño de productos para el déficit cualitativo. 

3,6 millones de hogares tienen viviendas con condiciones mejorables. Este no es un mercado de VIS ni de crédito constructor: es un mercado de microcrédito habitacional, de crédito de mejoramiento, de financiación de materiales. Es, además, un mercado que coincide geográficamente con las zonas de mayor expansión de conectividad digital. La fintech rural tiene aquí su próxima frontera.

Datos que fundamentan esta acción: Déficit cualitativo nacional: 19,3% — 3,6 millones de hogares. El acceso a internet en zonas rurales pasó del 41,9% al 56,9% en un solo año (+15pp), habilitando el canal digital en exactamente los territorios donde se concentra el déficit cualitativo. Departamentos como Córdoba (52,4% sin cubrir gastos, pero redujo 12,1pp), Nariño (49,7%) y Sucre (62,4%) combinan alto déficit habitacional con incipiente conectividad — la combinación exacta que define el mercado.

La clave de este mercado es que no requiere garantías inmobiliarias formales ni ingreso certificado: requiere productos calibrados para flujos de caja irregulares, plazos cortos, montos pequeños y una estrategia de cobranza que reconozca la economía del hogar informal. El leasing habitacional para vivienda usada —que creció 141,6% en operaciones en 2025— es la señal de mercado más clara de que la demanda existe. La oferta de producto específico para mejoramiento, todavía no.

 

Tercera: política diferenciada para jefatura femenina. 

El 46,4% de los hogares colombianos con jefa mujer no es un segmento marginal: es casi la mitad del país. Su mayor percepción de pobreza —39,5% vs 35,9% en jefatura masculina— no refleja necesariamente mayor riesgo de crédito. La evidencia internacional es consistente en señalar que las mujeres son mejores pagadoras en microcrédito. Pero sí exige productos, procesos de cobranza y estrategias de prevención de mora calibradas para ese perfil.

Datos que fundamentan esta acción: Jefatura femenina subió del 39,8% (2019) al 46,4% (2025) — una transformación de 6,6 puntos en seis años. Solo el 13% de las empresas formalmente constituidas tiene representación femenina. El leasing habitacional es el instrumento con mayor potencial para este segmento: elimina la barrera de garantía inmobiliaria previa, la restricción más citada para mujeres emprendedoras. La Orinoquía y el Eje Cafetero — donde la satisfacción con el ingreso mejoró más — tienen además alta proporción de jefatura femenina rural, el segmento de mayor crecimiento.

Calibrar para jefatura femenina no es una política de inclusión social: es una decisión de negocio. Las entidades que diseñen modelos de scoring, productos de crédito y esquemas de cobranza preventiva específicos para este perfil tendrán acceso a un segmento de casi 9 millones de hogares que hoy o están subatendidos o están siendo evaluados con modelos que no los leen bien.

 

Modelos de riesgo y pricing territorialmente diferenciados

La ECV 2025 confirma que el promedio nacional no es una unidad de análisis válida para el pricing del crédito en Colombia. La brecha de 66 puntos porcentuales entre el departamento con mayor y menor proporción de hogares sin cobertura de gastos mínimos —San Andrés 7,3% vs La Guajira 73,3%— exige que los modelos de riesgo y las tasas de interés reflejen la realidad territorial del deudor, no el promedio del país.

Datos que fundamentan esta acción: Caquetá registró la mayor caída en satisfacción con el ingreso del año (−1,13 puntos). Boyacá cayó 1,02 puntos en un solo año, anomalía que ningún modelo de promedio detectaría antes de convertirse en mora. Casanare mejoró 20,5pp en hogares que ahora cubren sus gastos mínimos — una oportunidad de expansión que ningún modelo de riesgo calibrado solo con el promedio nacional puede identificar como de bajo riesgo. La misma tasa de interés aplicada a un deudor de Caldas y a uno de La Guajira no es neutral: en un caso es adecuada, en el otro es insuficiente para el riesgo real.

El costo del promedio no es solo analítico. Es un costo de cartera que ya se está registrando y un costo de oportunidad que nadie está midiendo porque el modelo que lo generaría todavía no existe. La ECV 2025 acaba de entregar la materia prima. Lo que falta es la decisión de usarla con granularidad departamental, no como footnote metodológica, sino como variable central del modelo de pricing y del sistema de alerta temprana de mora

 

 

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Fuentes y referencias

DANE — Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025, publicada el 20 de abril de 2026.

Asobancaria — Informe Trimestral de Vivienda, diciembre 2025 (publicado marzo 2026).

Asobancaria — Informe Trimestral del Mercado de Leasing, diciembre 2025 (publicado marzo 2026).

Asobancaria, Banca y Economía Ed. 1502 — "El crédito como frontera de la política habitacional", diciembre 2025.

Asobancaria, Banca y Economía Ed. 1513 — "Leasing: una herramienta para apalancar la inclusión financiera en Colombia", marzo 2026.

Superintendencia Financiera de Colombia — Estados financieros del sistema bancario, diciembre 2025.

Banca de las Oportunidades — Reporte de Inclusión Financiera 2024.